Las reformas laborales del gobierno amenazan los intereses de las y los trabajadores

En Chile tanto el Parlamento como el Presidente de la República pueden proponer nuevas leyes. Independientemente de quien las proponga, las leyes deben ser aprobadas siempre por el Parlamento.
El actual gobierno en apenas 14 meses ha propuesto las siguientes reformas al Código del Trabajo:
Huelga: con el objetivo de garantizar que las huelgas no paralicen el funcionamiento de las empresas, el gobierno propone regular de manera más favorable al empleador el reemplazo interno de trabajadores en huelga y los servicios mínimos. También propone la opción de trasladar la calificación de servicios mínimos y de equipos de emergencia desde la Dirección del Trabajo a otros organismos técnicos.
Sobre esta propuesta es necesario comentar tres cosas. Primero, la idea apunta a que las huelgas ejerzan la menor presión posible, convirtiéndola en algo ineficaz; segundo, el gobierno presenta esto como una protección a las y los trabajadores que no están en huelga, lo que es falso, porque se trata simplemente de una protección de los intereses de los empresarios; tercero, en la actualidad y sin esperar que el Parlamento apruebe o rechace la idea, el Director Nacional del Trabajo mantiene paralizadas las resoluciones de servicios mínimos de las negociaciones colectivas que involucran a más de mil trabajadoras y trabajadores, con lo cual se paralizan también esas posibles huelgas numerosas. Esta es una forma autoritaria de gobernar.
Término de la Huelga por descuelgue: se propone que la huelga termine en caso de que el 50% más uno de las y los trabajadores en huelga se reincorpore, estableciendo que los beneficios para los descolgados sean los de la última oferta de la empresa.
Esta propuesta busca ejercer una presión para las y los socios de los sindicatos en huelga, con el objetivo de que las huelgas sean más cortas sin que el empleador tenga que ceder más beneficios.
Grupos negociadores: el gobierno defiende el derecho de los grupos negociadores a negociar colectivamente. Con esta propuesta se busca debilitar a los sindicatos a través de la creación y reconocimiento de derechos a organizaciones paralelas que no tienen existencia estable y que, por lo tanto, no representan ni defienden de manera permanente a las y los trabajadores. Añade la propuesta que la negociación colectiva de los grupos negociadores sería sin derecho a huelga, sin fuero sindical y sin extensión de beneficios.
Extensión de beneficios: actualmente, los beneficios de un contrato colectivo sólo pueden extenderse a trabajadoras y trabajadores no sindicalizados con autorización del sindicato. Lo que propone el gobierno es que sea el trabajador no sindicalizado el que pueda elegir que se les extiendan los beneficios sin autorización del sindicato, y que a cambio pague la cuota sindical.
Lo que busca esta propuesta es desestimular la afiliación sindical, ya que las y los trabajadores no sindicalizados tendrían plena libertad para obtener los mismos beneficios que los sindicalizados, pero sin tener que pasar por todo el esfuerzo que significa organizarse en un sindicato, negociar colectivamente y estar en huelga. Es decir, en un incentivo a la no sindicalización.
Indemnización por años de servicio: el gobierno propone que junto a la actual indemnización por años de servicios (un mes por año con tope de 11 años por la causal de despido “necesidades de la empresa”), exista una indemnización de medio mes por año (la mitad de lo que existe hoy) también con tope de 11 años, pero a todo evento, es decir, sea cual sea la causal de despido.
Sobre esta propuesta, de momento, es necesario comentar tres cosas. Primero, la indemnización por años de servicio es una de las pocas normas que permite cierta estabilidad en el trabajo porque para las empresas es caro despedir a un trabajador antiguo, por lo tanto, reducirla a la mitad significaría abaratar y facilitar el despido de trabajadoras y trabajadores; segundo, esta propuesta busca ir desmantelando poco a poco este el derecho a la indemnización por años de servicio; tercero, para el caso de las y los trabajadores con contrato por obra o faena, por las características particulares del rubro, es una solución que no sirve. Sobre este tema específico profundizaremos en una próxima nota.
Jornada de trabajo: el gobierno propone que en vez de la actual jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales distribuida en 5 o 6 días a la semana, exista una jornada de 180 horas mensuales distribuidas de acuerdo a las necesidades de la empresa.
El Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, trata de presentar esta propuesta como una posibilidad para que las y los trabajadores elijan si quieren trabajar 4 o 5 o 6 días semanales, si quieren entrar más temprano o más tarde al trabajo, o si quieren trabajar los domingos para juntar más días libres a fin de mes. Sin embargo, esta propaganda es engañosa, porque finalmente es el empleador el que termina imponiendo su voluntad y no es el trabajador el que termina eligiendo.
Adicionalmente, si este tipo de propuesta se llega a aprobar, se acabará el pago de horas extraordinarias porque, por ejemplo, se podrá trabajar 4 días a la semana, pero 12 horas diarias de manera ordinaria (no extraordinaria) y el empleador podrá decidir un mes a qué hora deberemos entrar a trabajar y a qué hora nos vamos, y el otro mes otra cosa distinta, dependiendo de la cantidad de trabajo o de la oferta y demanda que tenga en un momento determinado la empresa.
Las reformas laborales que propone el gobierno son diversas, pero todas apuntan en la misma dirección: debilitar a los sindicatos, facilitar y abaratar el despido de trabajadoras y trabajadores, y flexibilizar las jornadas de trabajo de acuerdo a las necesidades de las empresas. Es necesario oponernos punto por punto, con nuestros argumentos, a cada una de estas propuestas. En los números siguientes de “El Andamio” iremos analizando y planteando una perspectiva diferente a la del gobierno: la perspectiva de los protagonistas, los trabajadores y trabajadoras. No es posible que la única voz sea la de un gobierno liderado por empresarios.
Karina Nohales Peña, abogada SINTEC
[Texto extraído de “El Andamio” N°6]