¿Protección al empleo?: La crisis la está pagando solo la clase trabajadora

En el contexto del COVID-19, se ha agudizado la agenda precarizadora y represiva del Gobierno. Primero, lanzó un plan que afecta a un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores que están en completo desamparo frente a la precarización del trabajo y la vida, pues, por una parte, no se prohíben los despidos, aumentando la cantidad de cesantes, y por otra, deja a un gran grupo de personas sin sus remuneraciones, debido a que no cumplen con los requisitos para acceder al fondo de cesantía, ya sea porque no tienen la cantidad de cotizaciones necesarias o porque se encuentran trabajando en la informalidad –cerca de un 30% de personas en Chile-. Sin embargo, estas trabajadoras y trabajadores que no son contemplados como sujetos de protección, sí son utilizados para hacer producir ganancias a las empresas. Se trata de personas que son consideradas no aptas para adquirir préstamos de los bancos, acceso a la vivienda, etc., pero que al mismo tiempo son un “cardumen de peces” que ponen en riesgo su vida, salud y dignidad por llenar los bolsillos de los empresarios.
Las medidas del gobierno han sido aprovechadas por las empresas, muchas de las cuales han despedido injustificadamente bajo la figura de “término de obra” ahorrándose pagar indemnizaciones por años de servicio, o han obligado a tomar vacaciones a un gran número de trabajadoras y trabajadores.
Por otra parte, para quienes tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares, el teletrabajo les ha significado un aumento significativo de su carga de trabajo, sin pago de asignaciones de colación y movilización. Con el teletrabajo se da una mezcla del espacio de trabajo con el hogar, lo que afecta sobre todo a las mujeres, quienes tradicionalmente –debido al machismo imperante- se hacen cargo en mayor medida de las tareas del hogar, cuidado y contención, viendo superpuesto su tiempo de trabajo remunerado y no remunerado. Además, las mujeres se ven expuestas a la violencia doméstica al verse obligadas a compartir el espacio de la cuarentena con sus agresores.
Para continuar con las políticas pro empresariales, la Dirección del Trabajo ha implementado el finiquito electrónico, por lo que ya no existe la ratificación presencial ante ministro de fe y además no se permite hacer la reserva de derechos. Así, es más fácil para los empleadores chantajear a las y los trabajadores con la retención del dinero del finiquito para que lo firmen y no demanden posteriormente el despido injustificado. Como si no fuera suficiente, el gobierno ingresó un nuevo Proyecto de Ley que pretende suspender las negociaciones colectivas, proyecto que desde ya consideramos inconstitucional, pues afecta el derecho fundamental de negociar colectivamente, lo que no es permitido por el Estado de Catástrofe.
En otro eje, el gobierno ha sido deficiente en exigir a las empresas condiciones de seguridad. No han quedado claras las medidas de seguridad que se deben tomar y no se fiscaliza cuando claramente se incumplen medidas de carácter mínimo. Esto es contradictorio con la calificación como enfermedad profesional del COVID-19, ya que el trabajador o trabajadora debe poder demostrar que se contagió dentro de la empresa: si la empresa argumenta que cumplió con las medidas, simplemente por tener mascarillas y agua con jabón a disposición, queda libre de toda responsabilidad. Como se ve, el trabajador o trabajadora, siempre pierde.
Por último, creemos que la implementación de estas políticas pro empresa del Gobierno ha sido facilitada por la agenda represora, la que se ha ocupado de acallar las movilizaciones y manifestaciones del pueblo, aprovechando la pandemia para agilizar la tramitación de leyes que buscan reprimir al mundo popular. La suma urgencia que dio el gobierno al Proyecto de Ley que moderniza el Sistema de Inteligencia; o el hecho de que las calles o puntos de control sanitarios se encuentren custodiados por militares armados, son ejemplo de ello.
Por todo lo señalado, es fundamental poder articularnos, mantener los vínculos con organizaciones populares, participar en nuestros territorios en las asambleas o iniciativas de base, y comprometernos en los sindicatos, ya que son las herramientas que tenemos las y los trabajadores a mano para salir de esta crisis sanitaria y de la crisis social que se ve en el horizonte. Con solidaridad y apoyo mutuo, podremos afrontar los ataques y la represión hacia la clase trabajadora, consecuencias de las políticas capitalistas neoliberales implementadas por toda Latinoamérica.
[Artículo publicado en el N°9 de nuestro periódico «El Andamio»]